En consonancia con la política nacional de promover el empleo registrado, el Poder Ejecutivo otorgó, en 2005, una serie de estímulos fiscales, con el fin de que las empresas tucumanas tomaran personal y los inscribieran en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. "En una primera etapa, los empleadores no pagaban el impuesto a la Salud Pública (que grava al salario). Pero, gradualmente, se fue abonando una parte de la alícuota impositiva, como una manera de promover las políticas de blanqueo de trabajadores", puntualizó a LA GACETA, el director de Rentas, Pablo Clavarino. A partir de 2011, ya no habrá bonificaciones extra: el empleador deberá abonar la alícuota general del 2,5% de Salud Pública respecto de la incorporación de personal. No obstante, el funcionario puntualizó que la gestión del gobernador José Alperovich ha encarado una batería de acciones que contribuyen a la toma de trabajadores por parte del sector privado. "Por caso, se ha establecido que los empleadores no deben pagar Salud Pública por los montos no remunerativos que se abonan a los trabajadores", indicó. "En este período se bajó la carga tributaria con el fin de fomentar el empleo", recalcó.